Gestapo macrista: el juez ordenó revisar las computadoras de Vidal

Ernesto Kreplak requirió al gobierno provincial que entregue o ponga a disposición la computadora que utilizó la exgobernadora María Eugenia Vidal o su secretaria privada entre mayo y diciembre de 2017. Hizo lo propio con los exfuncionarios imputados en la causa. También avanza con la identificación de los teléfonos que usaron los acusados.

Actualidad 12 de enero de 2022

El juez Ernesto Kreplak investiga el rol que tuvo la exgobernadora María Eugenia Vidal en el caso “Gestapo antisindical”. El magistrado se hizo eco del dictamen de la fiscal Ana Russo y mientras avanza con la identificación de los teléfonos que usó la exmandataria bonaerense también requirió al gobierno provincial que entregue o ponga a disposición la computadora que utilizó Vidal o su secretaria privada entre mayo y diciembre de 2017. Hizo lo propio con los exfuncionarios imputados en la causa.

Kreplak requirió “a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que indique si es posible identificar el/los número/s de teléfono fijo y/o móvil utilizados utilizados por María Eugenia Vidal (ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires) en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y 31 de diciembre de ese mismo año, así como la CPU asignada a la nombrada y/o a su secretaría privada en la gobernación durante el lapso aludido”.

Hizo el mismo planteo ante el Ministerio de Justicia, de Infraestructura y de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires respecto a las computadoras deAdrián Grassi (exsubsecretario de Justicia), Roberto Gigante (exministro) y Marcelo Villegas (exministro), respectivamente.

“En todos los casos, se deberá solicitar que se proporcionen a este Juzgado los números de abonados telefónicos que puedan ser identificados, y que las CPU ´s que se individualicen de acuerdo a los términos solicitados, sean entregadas o puestas a disposición de este órgano”, señaló. Por ahora se trata de las computadoras “oficiales” que utilizaron los exfuncionarios y no las personales.

A la par, el magistrado solicitó “a las empresas de telefonía celular que indiquen –en un plazo perentorio de 48 horas- si en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de ese mismo año, las siguientes personas poseían líneas telefónicas a su nombre y, en su caso, que informen los números de abonados correspondientes: Adrián Grassi, Roberto Gigante, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, Diego Luis Dalmau Pereyra, Marcelo Eugenio Villegas y María Eugenia Vidal”.

Es decir, apuntó contra todos los funcionarios bonaerenses y nacionales imputados en la causa. Allan es senador provincial, Garro intendente de La Plata y De Stéfano, Biorci y Dalmau Pereyra exjerarcas de la AFI.

La identificación de los abonados telefónicos es el primer paso para avanzar en el pedido de la fiscal de realizar “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período que abarca el 1º de mayo de 2017 y diciembre del mismo año”.

En esa línea, tal como requirió la fiscal Ana Russo, el juez Kreplak solicitó al juzgado federal Nº 8, donde se investiga una megacausa de espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora, que informe si los tres espías que aparecen en el video, Juan Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra, están imputados. “En caso afirmativo, solicítese que se precise si se han secuestrado, a partir del mes de junio de 2017, dispositivos electrónicos tales como teléfonos móviles, computadoras, pen drives y tablets, y que, en caso de que se hayan realizado peritajes sobre los mismos, se remitan copias certificadas de sus resultados”, añadió. En esa causa Dalmau Pereyra continúa procesado, De Stéfano lo estaba pero fue beneficiado por la Cámara Federal porteña y Biorci nunca estuvo imputado.

El juez planteó la misma medida al juzgado federal de Dolores donde se investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, donde Dalmau Pereyra también está procesado junto al expresidente Mauricio Macri y otros exintregrantes de la agencia de inteligencia.  

En pos de ubicar los teléfonos que usaron los participantes de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, el magistrado también solicitó a la AFI que informe “si de los registros de ese organismo obran constancias que den cuenta que se les haya asignado a Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, Diego Luis Dalmau Pereyra, Marcelo Eugenio Villegas, Adrián Grassi, Roberto Gigante, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Marcelo Jawroski, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y/o a Bernardo Zaslascky, aparatos de telefonía encriptada o satelital y, en su caso, requiérase que indique los números de abonados de los mismos y si fueron devueltos a la A.F.I.”.

A su vez, consultó a la exSIDE si es posible detectar las líneas de teléfono fijo que usaron en sus oficinas los tres espías involucrados en la causa.

Según pudo constatar El Destape, De Stéfano (exdirector de Asuntos Jurídicos), Biorci (exjefe de gabinete) y Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia) tenían teléfonos encriptados de la agencia. Al igual que la exgobernadora Vidal y el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, también mencionado en el caso de la Gestapo antisindical. De hecho, Conte Grand fue citado por la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia para el 18 de enero. Es que en la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, el ministro Villegas afirmó respecto al armado de causas contra el gremialista Juan Pablo "Pata" Medina: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial”. Estas frases comprometen al procurador bonaerense que por ahora no está imputado en la causa judicial.

Asociación ilícita y espionaje ilegal
En su dictamen de este lunes, la fiscal extendió la imputación a todos los funcionarios, espías y empresarios presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia y circunscribió los delitos a investigar. El juez Kreplak se hizo eco de esto y re-caratuló la causa. En sintonía con Russo, señaló que investiga los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de la Ley Nacional de Inteligencia.

En la actualidad están imputados en el caso de la "Gestapo antisindical":

Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense.
Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, Roberto Gigante.
Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense.
Juan Pablo Allan, senador provincial por Cambiemos.
Julio Garro, intendente de La Plata de Cambiemos.
Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI.
Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia.
Darío Biorci, cuñado de Majdalani y exjefe de Gabinete en la exSIDE.
Marcelo Jaworski, director general de COPTERO.
Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario.
Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO.
Fernando Sacrachi, director de ACIP.
Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.
Ricardo José Alconada, presidente de OCSA.
Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción  (ACIMCO).
Más “toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos”. Es decir que Vidal también está imputada ya que se ordenaron medidas de prueba que la tienen por protagonista.
A partir de una grabación hallada en computadoras de la AFI, que la intervención de la agencia de inteligencia presentó en sede judicial, se investiga si existió la “organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”.

Fuente: El Destape

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