Una de las dos camionetas que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad y que fueron usadas para pegar los carteles ofensivos contra Cristina Fernández de Kirchner pertenece a la empresa Geovías S.A., que se dedica al alquiler de vehículos. En tres causas judiciales distintas se está tratando de averiguar quién alquiló la Fiat Fiorino, patente LGY 025 o si la camioneta fue entregada por esa empresa para su uso permanente a un tercero. En principio el vehículo lleva bastante tiempo circulando en la zona oeste del Gran Buenos Aires, dado que registra varias multas en esa zona y, además, según el seguimiento de las cámaras, entró a CABA, para hacer la pegatina, desde el oeste del conurbano. Por ahora, se mantiene la reserva sobre si se utilizó documentación falsa o auténtica en el alquiler o, incluso, si la camioneta fue entregada como parte de una indemnización y la está usufructuando alguien para hacer trabajos sucios como el de los carteles.

Como es lógico, los primeros indicios surgieron de las cámaras de seguridad, públicas y privadas, de la Ciudad de Buenos Aires. Eso permitió identificar dos camionetas, una de las cuales es la alquilada o cedida. La cuestión se está esclareciendo porque el vehículo está a nombre de Geovías S.A., empresa que tiene dos titulares, un hombre y una mujer, pero que estuvo en algún proceso de disolución. En verdad, debería haber más cámaras para seguirle el rastro a los vehículos, algo en lo que está trabajando la Policía de la Ciudad. El diagnóstico es que se pegaron entre 300 y 500 carteles, todos en el centro porteño, y tal vez alcanzó con las dos camionetas que aparecen en las imágenes. 

En principio no sería difícil establecer qué imprenta realizó el trabajo: el listado de las empresas posibles, que pueden dar esa calidad, no supera las 20, pero además está claro que la imprenta que hizo los afiches admitió un texto de singular violencia, con una foto de CFK y la palabra asesina impresa debajo. En la investigación afirman que las próximas horas se podrá detectar el taller en el que se concretó la impresión. “En el gremio de los gráficos se conocen todos, así que tendremos algunos resultados rápidamente”, le dijo uno de los investigadores a este diario.

También la colocación permite sacar conclusiones. Fueron pocos carteles, pero usurpando las carteleras de las tres empresas dueñas de esos espacios en territorio porteño, las que lideran José Pepe Albistur, la de Orlando Orly Terranova y la de Gabriel Romero. No se pegaron afiches en paredes o en obras en construcción, sino directamente en las carteleras. La intención fue obtener repercusión, sembrar violencia dentro del Frente de Todos, con pocos carteles, en lugares muy visibles y que tendrían rápido impacto en los medios de comunicación.

En las cercanías de Cristina Kirchner adelantaron que no reaccionarán a la agresión. No presentaron ni presentarán ninguna denuncia y no van a pedir ser querellantes. Tampoco le adjudican la responsabilidad a ningún sector ni mencionan a ningún sospechoso.

El caso de los carteles ya se investiga en tres causas judiciales. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentó en Comodoro Py porque considera que hubo una agresión a los tres poderes del estado, es decir que se trata de un hecho de implicancias federales. El expediente recayó en el juez Daniel Rafecas quien seguramente le dará vista al fiscal antes de pronunciarse. Por ahora, la calificación es averiguación de delito.

El ministerio público porteño, que encabeza Juan Mahiques, actuó de oficio y la causa -impulsada por el ministro de Seguridad, Marcelo Dalessandro- recayó en el fiscal Mauro Tereszko. En este expediente es que se detectaron, a través de las cámaras de seguridad, los movimientos de las dos camionetas. La impresión es que el grupito que actuó está acostumbrado a hacer estos trabajos sucios en más de un municipio bonaerense, tal vez en contra de algunos intendentes. El ojo está puesto ahora en las dos camionetas y en la imprenta de la que salieron los afiches.

El tercer expediente surge de la denuncia realizada por José Pepe Albistur, titular de Grupo Al Sur, que tiene la concesión de carteleras en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario, muy amigo del presidente Alberto Fernández, alegará que una parte de los carteles se pegaron por encima de los afiches de sus carteleras, pero a lo que se apunta es a delitos que de alguna manera incentivan la violencia contra la democracia. La causa recayó en el juez Manuel De Campos y en el fiscal Leonel Gómez Barbella, que viene de hacer un notable trabajo en el expediente por el asesinato del joven jugador de Barracas Central, Lucas González.

Fuente: Página/12