Infobae le suelta la mano a Larreta y lo prende fuego con el negocio de las grúas

La concesión se venció hace 20 años, pero Dakota y BRD siguen operando el servicio con una recaudación millonaria. Desde la Ciudad aseguran que en las próximas semanas estarán listos los pliegos de una nueva licitación

Actualidad 17 de julio de 2022

Las grúas circulan por el centro de la ciudad de Buenos Aires dejando a su paso un tendal de disgustos. Primero, los dueños de los coches se asustan porque sus autos ya no están estacionados y, después, se enojan porque tendrán que ir hasta una playa de estacionamiento para recuperar el auto y pagar el acarreo más la multa por mal estacionamiento.

Detrás de la operatoria de la grúas - que levantan hasta 14 autos por hora a un costo de $6.525 cada uno - hay un negocio privado que mueve millones, pero que le deja migajas al gobierno porteño. Las distintas gestiones, desde Carlos Grosso hasta Horacio Rodríguez Larreta, no pudieron - o no quisieron - avanzar en dos décadas con una nueva licitación que invierta la ecuación económica en favor del Estado.

La concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio, según le confirmaron a Infobae fuentes oficiales. El monto está congelado desde 2014 y, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.

Toda la recaudación por levantar autos en infracción son ingresos para BRD y Dakota, empresa que no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años, según corroboró Infobae. En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones,según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2%.

A pesar de que el PRO lleva 14 años al frente de la Ciudad y Rodríguez Larreta más de seis como jefe de gobierno, la concesión todavía no fue renovada. La Auditoría General de la Ciudad ya había advertido sobre las irregularidades en el acarreo: “El canon abonado por las concesionarias resulta irrelevante en relación a los pagos”, indicó el último informe publicado en marzo de 2021, que analizó la situación hasta el 31 de diciembre de 2016, y fue aprobado por unanimidad.

Juan Calandri, auditor general de la Ciudad, asegura que “siempre pagaron un canon bajo, pero el actual es ridículo”. Y agregó: “No se actualiza desde el año 2014, pero la tasa de acarreo, en cambio, sí se incrementó en muchas oportunidades. En tan solo media hora de trabajo, las empresas logran recaudar el canon mensual”. En 2016, cuando un auto era removido por una grúa había que pagar $750 en 2016; el número hoy es ocho veces más caro, con un costo de $6.525.

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte explicaron ante la consulta de Infobae que “no hay una relación directa” entre lo recaudado y la cuota mensual que pagan las concesionarias porque el canon -sin actualizar- “refleja los costos de la concesión al momento de su vencimiento”, en base a la estimación que se hizo en el primer contrato de 1990.

Sin embargo, las autoridades porteñas destacaron que se están elaborando los pliegos para un nuevo proceso licitatorio para el acarreo, cuyo servicio se separó del estacionamiento medido. “Estamos avanzando en la licitación para que la Ciudad tenga un nuevo servicio de acarreo, después de muchos años de una concesión vencida que se mantenía a base de amparos judiciales. Ya logramos avanzar con el nuevo servicio de estacionamiento y ahora, en la misma línea, vamos a mejorar las condiciones en este servicio tan importante para el ordenamiento del tránsito y la convivencia ciudadana”, sostuvo Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Larreta.

Explicó que el nuevo sistema de acarreo tendrá un cambio fundamental: el gobierno porteño recibirá toda la recaudación que generen las remociones de autos, realizada por las tres empresas privadas adjudicatarias para las distintas zonas.El Estado le pagará, a cambio de su servicio, un monto fijo a determinar.

La confección de los nuevos pliegos está exclusivamente en manos del Ejecutivo de la Ciudad. “No tenemos información en la Legislatura de cómo se están elaborando los pliegos del nuevo servicio de acarreo”, señaló Juan Modarelli (Frente de Todos), integrante de la Comisión de Transporte de ese cuerpo.

Pago de adicionales

Hubo más beneficios para Dakota y BRD en las últimas décadas. El ex jefe de gobierno porteño Jorge Telerman, a partir de 2007, al hacerse cargo de un pago extra del 20% salarial para los dos empleados que se suben por turno a cada grúa, encuadrados en Camioneros, un gremio con influencia en las empresas encargadas del acarreo. La gestión de Rodríguez Larreta mantendrá esa medida vigente hasta que se firme el nuevo contrato. “Era una adicional por lo que llamaban multiplicidad de tareas. En el nuevo pliego ya no va a estar”, destacaron desde el gobierno porteño.

Esto implica que, en la práctica, la concesión del acarreo es una cuenta negativa para el gobierno porteño, que destina mucho más dinero al pago de este beneficio salarial de que lo que recibe por el canon. Al mes, ese adicional le implica a las arcas de la Ciudad una erogación de $1,5 millones por empresa, contra los $55.000 que le aporta cada una.

Asimismo, la gestión porteña paga los sueldos de los agentes de tránsito que pone a disposición para acompañar a los conductores de las grúas, y quienes se encargan de labrar las multas. Según los datos brindados desde esa cartera, son 25 agentes que trabajan en distintos turnos.

Los números del acarreo

La calle Viamonte oficia de frontera entre el norte y el sur del centro de la Ciudad, las dos zonas en que se dividen su radio de cobertura. Dakota con sus grúas identificadas como Servicio de Tránsito Ordenado (STO), y BRD con el nombre de Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC), en el sector sur. En total, suman más de 30 las grúas que operan a la caza de autos en infracción.

La cantidad de acarreos venía en crecimiento en los últimos años, aunque la pandemia frenó esa tendencia. En 2016, fueron 161.000, según los números de la Auditoría General de la Ciudad, pero esa cifra cayó en 2020 cuando se permitió el libre estacionamiento durante la cuarentena. También hubo restricciones a la circulación en 2021, por eso el número bajó a 125.000. Pese a la menor cantidad de acarreos, con el ajuste del precio para los automovilistas, la recaudación de las empresas alcanzó en 2021 una cifra de alrededor de $547 millones, según el cálculo realizado por Infobae.

Para conocer sus márgenes de ganancias, este medio requirió los últimos balances presentados por ambas empresas ante la Inspección General de Justicia. Llamativamente, Dakota SA no presentó balances desde 2018 hasta la actualidad. El último es el correspondiente al ejercicio que cerró el 31 de julio de 2017. En ese documento, informó “ingresos por servicios” -correspondientes al acarreo y al estacionamiento medido en el Sector II que tenía asignado hasta este año - por $203 millones, que a dinero de hoy, equivaldrían a $1.600 millones. Y declaró ganancias netas ese año por $4,4 millones, unos $30 millones a valor actual.

BRD sí presentó balances todos los años. En el último, con cierre del ejercicio al 30 de junio de 2021, declaró ingresos por “ventas y servicios” por $177 millones (unos $292 millones a dinero de hoy) y un resultado negativo de -$15 millones (casi -$25 millones a valor actual). Atribuyó ese déficit a que el gobierno porteño desactivó el estacionamiento medido durante la pandemia, y las grúas tuvieron un retorno gradual y acotado a determinadas infracciones.

La no respuesta de las empresas 

Ante la consulta por e-mail y telefónica de Infobae, desde BRD respondieron a que no iban a hacer comentarios y derivaron las preguntas al Ministerio de Transporte porteño. Dakota, a través de su responsable de Legales, Yamila Franco, se negó a su vez a responder el cuestionario enviado, pese a que varias de las preguntas estaban referidas a la empresa en sí, como por ejemplo, la no presentación de balances en los últimos cuatro años. “Todas las consultas e inquietudes referidas a la prestación del servicio público de control del estacionamiento indebido en la vía pública deberán ser evacuadas a través de Subsecretaria de Gestión de la Movilidad (SSGMO) dependiente de la Secretaria de Transporte” de la Ciudad. Marcelo Violante, presidente de la empresa, tampoco contestó las llamadas ni mensajes enviados a su celular.

El servicio, además, tiene cuestionamientos desde distintos sectores. El legislador opositor Juan Manuel Valdés aseguró que es “abusivo”. “El acarreo hoy cuesta $6525 y la multa por mal estacionamiento va desde los $5.800 hasta $17.500. Es un negocio fenomenal del Gobierno porteño que dice estar ‘organizando el tránsito’ pero lo único que hace es incentivar que levanten autos para meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía. La recaudación no para”, afirmó el diputado del Frente de Todos.

Durante 2022, las empresas registraron más de 20 apercibimientos administrativos, adicionales a las multas económicas impuestas por el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, por incumplimientos o irregularidades en el proceso del acarreo, según informaron fuentes oficiales. El impacto financiero de las penalidades aplicadas, sin embargo, está lejos de la recaudación por el servicio: fueron $2 millones desde el 2020 hasta la actualidad.

Licitaciones frustradas

Dakota y BRD ganaron la primera licitación en 1990, por diez años. El pliego de ese concurso permitía que las empresas continuaran con el servicio tras finalizar el contrato de concesión. El gobierno porteño continuó los contratos vencidos en 2001, a través de sucesivas Actas Acuerdo y Permisos de Uso Precario que fueron observados por la Auditoría de la Ciudad. Las autoridades porteñas ratificaron ante Infobae, sin embargo, la legalidad de las sucesivas prórrogas del acarreo. “Por más que el contrato se haya vencido, ambas empresas tienen la obligación de continuar en la prestación”, explicaron.

Una década después del vencimiento, en 2011, la Legislatura modificó el Código de Transporte y puso plazos para una nueva licitación que estaría a cargo del Ejecutivo porteño. Ese plazo, que originalmente era de un año, se prorrogó en 2012, 2013, 2016, 2018 y 2020 por la Legislatura con mayoría del oficialismo local. “Han batido un lamentable récord de siete prórrogas otorgadas”, se quejó el diputado Valdés.

Los intentos para modificar el sistema de acarreo en esta última década fueron varios, con la concesión ya largamente vencida. Hubo tres llamados a licitación del gobierno porteño que fueron frenados desde 2014 en adelante, por medidas cautelares que fueron interpuestas ante la Justicia.

Recién a fines de 2020, se aprobó una ley que prevé el lanzamiento de una nueva licitación que dividió los servicios de acarreo y estacionamiento medido, cuyo usufructo tuvieron Dakota y BRD durante 30 años por un canon mensual unificado. El año pasado, se convocó finalmente una licitación pública para el estacionamiento medido. Desde la Ciudad reconocieron que el avance tecnológico colaboró con la separación de las dos licitaciones.

La nueva modalidad del estacionamiento tarifado en las mismas zonas ya establecidas se puso en marcha a fines de junio con una aplicación por celular. El pliego del nuevo acarreo se presentaría a mediados de agosto, aseguran optimistas en el gobierno porteño. “Siguiendo todos los pasos administrativo-legales correspondientes es posible que [el nuevo acarreo] esté adjudicado antes de fin de año. El pliego prevé cinco meses de implementación después de firmado el contrato”, indicaron desde el Ministerio de Transporte y Desarrollo Urbano.

La metodología cambiará con el nuevo contrato: el gobierno porteño cobrará directamente lo que paguen los automovilistas que dejaron su vehículo mal estacionado. Así, recibirá como mínimo, unos $815 millones en 2023, si se calculan los 125.000 acarreos del 2021 y la nueva tarifa de $6.525 por cada auto. De esa recaudación, el Estado le pagará un monto fijo por su servicio a las tres empresas concesionarias que resulten adjudicadas.

Habrá más cambios: las grúas ya no sólo circularán por el centro de la Ciudad, como ocurre hasta ahora. No habrá barrios exentos de posibles acarreos, porque el servicio se ampliará al 100% del territorio porteño. Desde la sede porteña de Uspallata aseguran que” el foco estará en remover los autos que bloquean accesos, garajes o rampas, pero no en acarrear autos estacionados en lugares donde esté permitido estacionar, aunque no haya pagado la tarifa. A ese vehículo, le corresponderá la multa, pero no será levantado”.

Si bien todavía no se conocen las empresas interesadas, Dakota y BRD probablemente se presenten nuevamente, ya que tienen las grúas y la experiencia de 30 años en la prestación del servicio. Desde el gobierno porteño, sin embargo, aseguran que será un sistema diferente: “Cambiamos las reglas del juego, lo abrimos a tres empresas para llegar a toda la Ciudad, y daremos un plazo para la implementación, para que haya más oferentes”.

El gigante de los estacionamientos porteños

Dakota tiene como presidente y cara visible a Marcelo Violante, que se hizo cargo de la empresa que manejaba su tío, el empresario Reinaldo Niella. Violante además está relacionado a otras dos empresas que ganaron en los últimos tres años otras concesiones del gobierno porteño. Junto a Juan Ramón Violante, crearon en febrero del 2021 la empresa Ragnarv SRL. Cinco meses después, la empresa se quedó con la primera licitación del gobierno porteño para alquilar cocheras al Ministerio de Espacio Público por un total de $9 millones.

Ragnarv SRL intentó -sin éxito- continuar con el negocio del estacionamiento medido, que tuvieron en sus manos durante 31 años bajo el paraguas de Dakota, pero la empresa de los Violante no resultó elegida en la licitación que se realizó a finales del año pasado. Sin embargo, se quedó en marzo de este año con otra concesión de una playa de estacionamiento del gobierno porteño: fue adjudicada con la explotación del subsuelo de la plaza del Congreso por un canon mensual de $615.000 durante los próximos cinco años.

Brewda, otra firma de la que Dakota es accionista, es concesionaria de otros tres estacionamientos en el microcentro: Sarmiento al 1537, debajo del Centro Cultural San Martín, con un canon mensual $789.000; el estacionamiento subterráneo de Plaza Lavalle, por el que paga un canon de $652.000; y el de Corrientes 436, en plena city porteña, con un canon de $1 millón. Las tres playas son operadas bajo la marca Apart Car, de Dakota, la cadena de garajes de esta empresa.

No es la única firma vinculada que tiene Dakota para la explotación de estacionamientos. En 2002, creó también Estuno SA para ampliar sus negocios. En total, los Violante operan 20 playas de estacionamiento en CABA: 15 son concesiones del gobierno de la Ciudad y 5 estacionamientos privados, según pudo reconstruir Infobae entre información oficial, balances corporativos y datos publicados por la empresa en su web. Anteriormente, operaban otros 6 estacionamientos, 4 de ellos concesionados por la Corporación Antiguo Puerto Madero, y uno privado.

La empresa a cargo del acarreo de la zona norte de la Ciudad invirtió, asimismo, en Caminos del Norte SA, presidida por Niella y registrada en la provincia de San Juan, según consta en el Balance 2017 de Dakota, el último disponible.

Lazos con Moyano y cuentas suizas

BRD, en tanto, es presidida hoy por Bernardo Marcelo Pérez y tiene a Ricardo Chiantore como vicepresidente. Ambos tomaron la posta de sus padres, José Ricardo Chiantore y Bernardo Manuel Pérez, que conservan el cargo de directores, junto a Carlos Alberto Tomé.

Los Chiantore, padre e hijo, figuraron en la lista de clientes argentinos de 4.040 cuentas bancarias del banco HSBC radicadas en Suiza, denunciadas por la AFIP en 2014 por el posible delito de evasión fiscal. La familia tiene, además, inversiones en el rubro agropecuario. Son socios de Establecimientos la Loma, Mallin Grande SA y Estancia Sagrada Familia SA.

Pérez, en tanto, tiene una estrecha vinculación con Hugo Moyano, el líder de Camioneros, según publicó Infobae. El presidente de BRD se mostró junto al sindicalista en numerosas reuniones con dirigentes porteños. De perfil bajo, su nombre pasa desapercibido, excepto por los millonarios negocios porteños.

Fuente: Infobae

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