Verbitsky reveló que los jueces que acusan a Cristina tienen vínculos familiares con la última dictadura

Actualidad 14 de agosto de 2022

“El Poder Judicial apesta”, escribió CFK al anunciar que recusaría al fiscal Diego Luciani, el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el camarista Mariano Llorens, cuyas fotos como parte de un equipo de fútbol aficionado que juega en la cancha de la quinta Los Abrojos, del ex Presidente Maurizio Macrì, publicó Raúl Kollman. Luego agregó también al juez Jorge Gorini, quien presidió la sesión de ayer, por sus reuniones con Patricia Bullrich, que es una de las denunciantes en la causa. La respuesta de medios y políticos de la oposición fue que en vez de atacar con minucias a los juzgadores jugadores los acusados deberían presentar pruebas que demostraran su inocencia en la causa por las obras viales en Santa Cruz. Ignoran una cuestión de fondo y dos de forma:

En un juicio penal la inocencia del acusado se presume, y es tarea del aparato judicial destruirla con pruebas.
Recién cuando concluyan su alegato los fiscales, será el turno de las defensas, que atacarán las presunciones de los acusadores.
Además ya lo hizo Cristina en su indagatoria, en mayo de 2019, aquella en la que dijo que la historia la absolvió y que quienes deberán responder preguntas son los jueces. Desde entonces no han aparecido cosas nuevas significativas, sólo golpes de efecto sin consistencia probatoria de algún delito, e introducidas ilegalmente en el debate, sin control de parte.

na01fo01_2330SERVILLETA: Un fiscal de la causa contra CFK tuvo vínculos con los servicios de inteligencia durante el macrismo

Luciani, su adjunto Sergio Mola y Giménez Uriburu no aceptaron la recusación, que también presentaron otros imputados en el juicio. Sin perder tiempo, Gorini y Andrés Basso rechazaron las recusaciones, porque dijeron que se presentaron fuera de término. Según las normas vigentes en el Estado Libre Asociado de Comodoro Py, a Giménez Uriburu le tocó rechazar la recusación a Gorini. Cuando las defensas apelen, deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal, donde se sientan los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, denunciados por sus reiteradas visitas al entonces Presidente Macrì, en el Polideportivo de Olivos y en Balcarce 50. Hornos, además, es tío de Josefina Hornos de Giménez Uriburu, la esposa del juez.

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La República Autónoma del 4° piso
En el último escalón de esa pirámide de apelaciones aguarda la Corte Suprema de Justicia, cuya politización no reconoce límites. Esta semana sus miembros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda recibieron a la presidenta de la Fundación Mediterránea, Pía Astori, y al director de su instituto de estudios sobre la realidad argentina y latinoamericana (IERAL), Carlos Melconián, quienes les entregaron los borradores del programa de reformas económicas, laborales y sociales que están elaborando para el próximo gobierno. Creada por grandes empresas, la Fundación se propone recortar derechos de los trabajadores. Es lo que hizo el antecesor de Melconián en el IERAL, Domingo Cavallo, cuando llegó al gobierno, como ministro de los sucesivos Presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

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Ambos jueces, junto con el presidente y el vice del tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a quienes Macrì envió por decreto en comisión a la Corte Suprema, declararon inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura legislada 15 años antes. Además, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda ordenaron que volviera a regir la ley anterior, derogada en 2006 por el Congreso. En consecuencia, por su propio voto Rosatti preside el Consejo de la Magistratura, que dilata el procedimiento para la selección de los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, otros dos delegados que Macrì colocó en la Cámara Federal sin seguir el procedimiento constitucional, y que la propia Corte ordenó reemplazar. Con los concursos realizados, falta que eleven las ternas al Poder Ejecutivo. Rosatti está apurando otros concursos, pero no este.

Debido proceso
El operador judicial de Clarín Daniel Pedro Santoro consultó a abogados Procaces y Uceerreístas, quienes “negaron que integrar un equipo de fútbol sea una causal de recusación”. El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación le respondió que las causales de recusación “no son taxativas ni de interpretación restrictiva. El derecho a un juez imparcial confirma el elenco de derechos fundamentales que hacen al debido proceso y su interpretación debe ser considerada siempre bajo la pauta rectora del principio pro homine”. Como no tomó el curso Micaela, Miguel Licht escribió pro homine y no pro femina  o pro persona.

Su argumento es el que hace tres lustros desarrolló Rosatti, cuando era ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner y recusó al juez Claudio Bonadío, que intentó indagarlo por abuso de autoridad en una causa sobre la situación en las cárceles federales. En un escrito con más de 200 fojas de prueba documental fundamentó la falta de imparcialidad de Bonadío:

“Lejos está de exigirse (constitucional y legalmente), parcialidad manifiesta como causal de procedencia de la separación: es suficiente fundamento la parcialidad aparente, un concepto cabal según el cual basta el peligro real o entendimiento o presunción razonable de que V.S. puede haber actuado o actuar parcialmente”.
“Frente a la antigua interpretación restrictiva de las causales de recusación prevalece hoy el criterio según el cual incluso aún excedido el catálogo de causales previstas en los reglamentos procesales, la separación debe admitirse cuando se den las circunstancias que comprometen la imparcialidad del juzgador porque el ‘…apartamiento constituye un atributo del procedimiento, en el sentido de evitar toda parcialidad posible, inclusive la que no procede de la intención o de la mayor o menor prudencia del que juzga, y – aún— la absolutamente inconsciente…’”.
“Afirma la Corte que la estrecha vinculación entre el instituto de la recusación y el derecho a ser oído por un juez imparcial nunca ha sido ajena a la jurisprudencia del Tribunal”.
La recusación procura “asegurar a los habitantes del país una justicia imparcial e independiente, y ello se traduce en la necesaria separación de la causa de aquel magistrado que no se encuentre en condiciones objetivas de satisfacer tal garantía. De allí que las causales de recusación no puedan ser interpretadas en una forma rígida y ritual que desnaturalice su ámbito de aplicación y las convierta en meras fórmulas vacías e incapaces de subsanar lesiones evidentes al debido proceso” (Seda S.R.L., publicado en Fallos: 316:2603).
Esos argumentos también son válidos para recusaciones como las presentadas ahora por Cristina.

El abuelo Armando
Pero además de los juegos en la propiedad de Macrì hay otras razones para fundamentar la recusación del presidente del Tribunal Oral. Designado en 2011, Giménez Uriburu está casado con Josefina Hornos, hija del juez Roberto Hornos y sobrina del juez Gustavo Hornos. El padre de ambos y abuelo de Josefina fue Armando Manuel Hornos, miembro de la promoción 83 del Ejército, quien egresó del Colegio Militar en 1953 como subteniente de Artillería y pasó a retiro con el grado de coronel el 31 de noviembre de 1983, es decir diez días antes de que concluyera la última dictadura. La sentencia en un juicio oral y público lo mencionó como organizador y ejecutor de la masacre de Margarita Belén. No fue condenado gracias a la morosidad judicial, que recién abrió el debate oral en 2009, cuando Hornos ya no estaba en condiciones de comprender y recordar. Ese mismo año, el fiscal Miguel Ángel Osorio pidió su detención en la causa en la que se investigaba el Plan Cóndor. Lo mismo hizo el conjuez federal Juan A. Piñero quien lo detuvo y alojó en la delegación de la Policía Federal, por la desaparición forzada de Pedro Crisólogo Morel y Sara Fulvia Ayala de Morel, en mayo de 1977. Fueron secuestrados en la provincia de Buenos Aires pero la última vez que los vieron con vida fue en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, que dependía de Hornos. En noviembre de 2009, el TOF correntino integrado por los camaristas Víctor Antonio Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, que escucharon a Hornos como testigo en la causa Ulibarrie, sentenció que Hornos obstaculizó la acción de la justicia frente a la promoción de Hábeas Corpus, y su rol en la desaparición de personas debe ser investigada por el Ministerio Público.

El artillero Hornos hizo el curso técnico de Inteligencia durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y en 1976 fue designado jefe del Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército con asiento en la capital chaqueña. La madrugada del 13 de diciembre de 1976 un grupo de 21 detenidos políticos fueron extraídos de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, y trasladados a la cárcel de máxima peligrosidad de Formosa. Maniatados, encapuchados, sumergidos en una bañadera, fueron golpeados hasta atontarlos por un grupo de militares del destacamento de Inteligencia y por agentes de investigaciones de la policía chaqueña, según el testimonio de un ex oficial ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

Durante la audiencia del 5 de agosto de 1985 del juicio a los ex Comandantes, el ex miembro de la Conadep Edwin Tissembaum transmitió a los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte por el parapolicial Eduardo Pío Ruiz Villasuso, quien había sido herido por un oficial de la policía del Chaco. Tissembaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva, ante un médico y un escribano que certificaron su lucidez.

Según su relato los torturados fueron diecisiete hombres y cuatro mujeres. Luego algunos fueron cargados en vehículos y transportados hasta un descampado en el paraje Margarita Belén, donde se los ejecutó alegando un intento de fuga durante un traslado. El horrendo episodio constituyó el caso 678 en la causa 13, por el que la Cámara Federal de la Capital declaró responsable de homicidio agravado por alevosía al ex dictador Jorge Videla y lo condenó a prisión perpetua, de la que Menem lo rescató con el indulto. Entre los participantes en la masacre Ruiz Villasuso mencionó a los entonces capitanes Bianchi y Rampulla, tenientes primeros Pateta y Chancaca Martínez Segón, subteniente Simoni y auxiliares de Inteligencia Valussi y Edgardo Eugenio Vicente, todos del Destacamento de Inteligencia 124, que estaba a cargo del coronel Hornos, al comisario general Carlos Alcides Thomas y a los sargentos Gabino Manader y Cardozo.

Todos ellos fueron condenados en 2011 por homicidio agravado por alevosía en la causa 1074/2009 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, en la que fui querellante como presidente del CELS, con el patrocinio de Carolina Varsky. La sentencia 239, pronunciada el 11 de julio de 2011 por los jueces Gladis Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González  afirma que “la masacre fue decidida por el Consejo del Área 233, Grupo de Artillería 7, compuesto por el general Cristino Nicolaides, comandante de la VII Brigada, Jorge Alcides Larrateguy, Jefe del Área 233, Grupo de Artillería 7, Armando Manuel Hornos, a cargo del Destacamento de Inteligencia del Ejército N° 124”.

El tribunal cita a la fiscal chaqueña Alcira Lidia Vanegas para afirmar que el Comandante de la Séptima Brigada de Infantería, general Cristino Nicolaides, encargó al jefe de inteligencia Hornos “la planificación, coordinación, dirección y ejecución del plan de eliminación física de veintiún subversivos de ambos sexos”.

Hornos fue indagado en 1985, pero dos años después la ley de obediencia debida paralizó la investigación. En marzo de 2001, a pedido del CELS, esa ley fue declarada inconstitucional y nula. En mayo de ese año solicité ante el juzgado federal de Resistencia la reapertura de la causa por Margarita Belén. Me acompañó hasta el tribunal la diputada Elisa Carrió. En 2003, el juez federal Carlos Skidelsky accedió a lo solicitado y ordenó las detenciones e indagatorias.

En 2009, Hornos declaró como testigo en otra causa, por la desaparición de Vicente Ayala, ante el Tribunal Federal Oral de Corrientes. Según el Centro de Comunicación Comunitaria de esa provincia «el ex hombre fuerte de la Inteligencia Militar en los años de plomo se mostró como un anciano temeroso, con una voz dubitativa. Aclaró al  tribunal que podía equivocarse porque no recordaba bien aquella época. Con bastón y andar cansino, parece querer dejar en claro que es un anciano, muy deteriorado». Lo demostró al declarar que el Destacamento de Inteligencia “no tenía registro de los nombres de los detenidos» y se limitaba a «sacar informes sobre la situación económica y esas cosas”. Real o fingido, su deterioro lo salvó del juicio y la condena en la causa Margarita Belén. Murió en octubre de 2018, favorecido en olor de impunidad biológica.

En la década de 1990, Hornos revistaba en la categoría A.4 del Senado, legajo 702 549, donde era asesor en la Comisión de Acuerdos, que presidía el chaqueño Deolindo Felipe Bittel. Cuando el Presidente Carlos Menem solicitó el ascenso a capitán de navío de los oficiales de la Armada Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, publiqué sus antecedentes como secuestradores y torturadores en la ESMA. La Comisión dispuso investigar el caso y los citó a declarar. Ambos admitieron que los prisioneros habían sido torturados con picana eléctrica y prometieron que no volverían a hacerlo. El único asesor que se pronunció a favor de los ascensos fue el coronel Hornos, porque si Videla fue indultado, debían ascender los que tuvieron menos responsabilidad (sic). Pero ese criterio fue contradicho, el Senado terminó negándoles la promoción y debieron pasar a retiro. Hoy ambos cumplen condenas a prisión perpetua.

El padre, con Galtieri y Bignone
También hizo carrera en las Fuerzas Armadas durante la dictadura el padre del juez, Héctor Giménez Uriburu. Ingresó a la Escuela Naval Militar en enero de 1956, en plena euforia de la marina por el derrocamiento de Perón y el rol en el gobierno de facto del almirante Isaac Rojas. Se retiró como Capitán de Navío en noviembre de 1992. Oficial del Cuerpo de Comando, además de los destinos en embarcaciones,  en 1982 y 1983 ocupó cargos de confianza política, muy cerca de los dictadores Leopoldo Galtieri y Benito Bignone, como Subdirector y Director General de Ceremonial de la Presidencia. En esa función, coordinó los detalles de la visita a la Argentina del papa Juan Pablo II, durante la guerra de las Malvinas.

Su tarea no fue muy encomiada. Al sur del Monumento a los Españoles estableció un Punto Alfa donde debían encontrarse los responsables de cada fuerza armada, ministerios, intendencia porteña y autoridades eclesiásticas, para coordinar los detalles previos al acto. Pero cuando lograron aproximarse al sitio convenido, lo ocupaban miles de personas, según cuenta en el libro Malvinas bajo palabra su camarada Jorge Sáenz, quien entonces era jefe de ceremonial de la Armada. El papa, que debía llegar por la Avenida Sarmiento, ingresó por Libertador. En enero y abril de 1983, Giménez Uriburu acompañó al último dictador a los encuentros de Países No Alineados que se realizaron en la India y Yugoeslavia.

El capitán de navío Héctor Giménez Uriburu acaba de cumplir 82 años, es vicepresidente de la Academia argentina de Ceremonial, que tiene sede en el Centro Naval. La preside Eduardo Sadous, ex embajador argentino en Venezuela, quien fue procesado por falso testimonio luego de un careo con empresarios que negaron haberle dicho que debían pagar coimas del 15% para exportar maquinaria agrícola a la República Bolivariana.

Giménez Uriburu también integra el Grupo de Trabajo de Ceremonial y Protocolo del CARI, el principal think tank de la derecha argentina, donde ha dado conferencias sobre la historia del ceremonial, desde la antigua Roma hasta la actualidad. En 2013, ladrones que asaltaron su casa en las Barrancas de San Isidro le robaron 7.000 dólares, otro tanto en su equivalente en pesos y joyas. Ni aún así el capitán de navío Giménez Uriburu dejó de participar en los torneos de golf del Cantegril Country Club de Punta del Este.

Hoy por tí
El equipo de fútbol que juega en la quinta de Macrì tiene un sitio en la red antisocial Facebook. Allí, el capitán de navío Giménez Uriburu posteó una diatriba del comentarista cordobés Pablo Rossi, en una radio del Grupo Clarín.

Rossi habló precisamente sobre las cuestiones que el  juez hijo del marino tiene ahora a consideración y acerca del personaje principal del encono de  todos ellos:

“Les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿cuánto más creen que el periodismo puede ofrecer a la sociedad para esclarecer o para brindar detalles de lo que hizo de lo que dijo de lo que malversó de lo que robó de lo que estafó el kirchnerismo? Y en particular sobre su emblema Cristina Fernández de Kirchner.
“Personalmente, creo que muy poco porque ha dado mucho. El periodismo de investigación ha relevado le diría una tonelada de pruebas que andan diseminadas allí entre juzgados diversos.
“Por lo tanto y a partir de lo que se convirtió en un ícono verdadero de la discusión pública de esta semana la entrevista que nuestro colega Luis Novaresio le hizo por espacio de dos horas a la ex Presidenta, digo que el resultado final es una ratificación de lo que se piensa sobre Cristina Fernández de Kirchner de un lado y del otro de la grieta.
“No sé si habrá algún resultado en la cuestión electoral en votos, pero lo que creo es que deja claramente marcado lo que falta, lo que le está faltando al espacio público, a la conversación pública.
“¿Más entrevistas a esta Cristina Fernández de Kirchner? Yo sé lo que creo, lo vengo sosteniendo desde hace unos días… acá más qué entrevistas hacen falta indagatorias, más que conversación hace falta interrogatorio, pero no por un periodista o por dos o por tres. Por jueces señoras y señores, es la hora del juez que con las pruebas en las manos pueda refutar esas toneladas de hipocresía, cinismo, acting show que propone la ex Presidenta.
“El manejo reducido de un relato ya descolorido, maltrecho, maltratado por ella misma son apenas vestigios así como su poder hoy está deshilachado y solo quedan vestigios de esa omnipotencia. Lo mismo ocurre con lo que ella puede ofrecer en explicaciones o justificaciones.
“En cambio a un juez íntegro, con las toneladas de pruebas vertidas, conseguidas, exhibidas por el periodismo de investigación a lo largo de estos años se impone la hora de la justicia.
“Yo la quiero ver a Cristina Fernández de Kirchner sentada frente a jueces que la interrogan sobre aquellas cuestiones que todavía están pendientes.
“¿Cuánto se robó en la Argentina? ¿Dónde está la plata? ¿Y qué posibilidad hay que los corruptos vayan presos y devuelvan lo robado?”
Cuando quise insertar el video en esta nota, advertí que la Liverpool convirtió su grupo público en privado, restringido a sus 169 miembros, por lo que es imposible el acceso para el resto de los mortales. El grupo tiene sólo dos administradores y uno es el juez. Con alta probabilidad, él mismo bloqueó el acceso. Continúa así la actitud de ocultamiento, que el viernes denunciaron varias defensas al recusar al fiscal, que no puso en conocimiento de las partes su relación amistosa con el juez.

Pero como Giménez Uriburu compartió la publicación previa de otra persona, una organizadora de los banderazos de Campo+Ciudad, de todos modos fue posible acceder, aquí.

Las toneladas
Rossi puede reclamar derechos de autor: fue el primero en fabular que hay toneladas de pruebas en contra de Cristina, frase que hoy repiten Luciani y Sergio Mola, el otro fiscal, que llamó jefes a los jueces, en un lapsus jocoso.

Ayer Irina Hauser reveló que además de sus visitas a la Casa Rosada y al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Mola acudió al menos dos veces a la AFI, mientras se armaban las causas contra Cristina.

En la misma semana, el Tribunal de Cuentas de Brasil condenó por malversación de fondos al fiscal Deltan Dallagnol, quien coordinó con el juez Sergio Moro la presentación de pruebas falsas con las que fue condenado Lula. También deberá indemnizar al ex Presidente por el imaginativo power point que usó en el juicio.

Tiempo al tiempo.

Fuente: El Cohete a la Luna

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