La conexión española con el caso Odebrecht tiene más tentáculos de los ya revelados. La Fiscalía Anticorrupción pidió reabrir nuevas diligencias al tener acreditado que dos empresarios españoles blanquearon parte de los sobornos que el gigante brasileño de la construcción pagó en obras de soterramiento del ferrocarril en Buenos Aires. 

La Audiencia Nacional rastrea desde el 2019 el presunto pago de 82 millones de euros por parte de multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a funcionarios de Panamá a cambio de adjudicarse dos proyectos de obra pública. 

El expediente es un apéndice de la mayor trama de sobornos de América Latina: los 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales que la firma Odebrecht pagó a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra.

Ahora, el Ministerio Público le pide al juez Ismael Moreno, a cargo de la investigación, que amplíe sus pesquisas e impute a los responsables de la empresa DSC Maganement por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. 

La base de la denuncia es una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre un contrato (el soterramiento del tren Sarmiento en Buenos Aires) que, en su día, el Ministerio de Transporte de Argentina adjudicó a una UTE conformaba por Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina Iecsa, por entonces de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

En Buenos Aires hay una causa judicial abierta por presuntos sobornos en esta emblemática obra. Están implicados Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los "intermediarios", Manuel Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros empresarios y funcionarios.

Este nuevo documento de la OCDE fue remitido a Madrid en las últimas semanas. Se acredita, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, que dos empresarios españoles "canalizaron" (blanquearon) este dinero negro. A través de "un trabajo de asesoría" para Odebrecht movieron la mordida a la banca de Andorra y, luego, un paraíso fiscal del Caribe.

El administrador de DSC Maganement y su principal socio firmaron un contrato de asesoría falso por 4,5 millones de dólares, dinero que, según se desprende del escrito de la Fiscalía, fue a parar a funcionarios y empresarios argentinos. Un parte se desembolsó antes de la adjudicación y la otra en los años siguientes a través de contratos de consultoría totalmente ficticios. 

"Los sobornos tenían como finalidad asegurarse la adjudicación del contrato", reza el pedido de imputación del Ministerio Público de Madrid. Los empresarios en cuestión fueron el "canal de blanqueo" de la operación ilegal entre Odebrecht y Argentina, según el texto.

La investigación de la OCDE tiene un nombre propio: el del empresario argentino Gustavo Arribas, ex jefe del Servicio de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Un arrepentido confesó que se transfirieron 850 mil dólares a una cuenta de Suiza que estaba a su nombre. 

Arribas ya había sido mencionado por el operador cambiario y financiero brasileño Leonardo Meirelles -también arrepentido- por una transacción similar: un giro de más de medio millón de dólares a esa misma cuenta suiza como "premio" por destrabar la licitación a favor de esta UTE.

Ante la nueva prueba recabada, la Fiscalía le pide al juez Moreno que cite en calidad de imputados a los dos empresarios españoles. También solicita que declaren los dueños de otra firma, DCS Workshop Obras, Construcciones y Promociones, sospechada por su participación en varios "circuitos de blanqueo".

Esta empresa ya fue señalada por la Policía de Andorra por al pago de comisiones ilegales a políticos y altos funcionarios de Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil. Odebrecht utilizó este estudio de arquitectura madrileño para "canalizar" sus sobornos. Cobró una comisión del 3 % por su papel de "puente" de los fondos, que ejecutó entre 2010 y 2012.

El País contactó a los responsables de DSC Workshop en 2018, cuando se filtró la investigación policial de Andorra. Insistieron que fueron "engañados y utilizados" y que desconocían los pagos ilegales. "El dinero era lícito, venía del grupo, y los pagos a los subcontratistas eran automáticos. Nunca sospechamos que se iban a utilizar en corrupción política", justificaron.

Fuente: LPO