Revelan los oscuros negociados detrás de las viandas de Larreta

El despliegue policial y represivo parece haberle servido al gobierno porteño para correr el eje de los reclamos de las tomas de escuelas: uno de ellos es el de las viandas escolares. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad advirtió sobre serias irregularidades en el sistema, que vienen siendo arrastradas desde por lo menos 2018. 

Según el informe, hay falta de control en el servicio alimentario de los comedores en las escuelas, irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas, insuficiencia en los mecanismos de aplicación de penalidades y sanciones para los proveedores del servicio. Todo ello, advierten desde la Auditoría, en detrimento de un entorno alimentario apto para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

La discusión sobre la alimentación en las escuelas ya tiene largos años. Se actualizó hace meses, cuando la legisladora Ofelia Fernández presentó un proyecto para modificar el sistema, a la par que un grupo de cooperadoras reunían firmas para peticionar en el mismo sentido. Ni el proyecto tuvo tratamiento, ni los reclamos fueron atendidos. 

Antes incluso de que estallaran las tomas de escuelas, la Auditoría porteña ya había advertido al Gobierno de la Ciudad, y al ministerio que conduce Soledad Acuña, que los casos por intoxicaciones y el mal estado de las viandas escolares aumentaron exponencialmente en los últimos años, con serios señalamientos de diferentes organizaciones de la sociedad civil e institucionales. Destacaban uno en marzo de 2020 cuando más de 100 chicos, entre siete escuelas diferentes, sufrieron intoxicaciones por comer alimentos en mal estado.

No es tampoco el primer informe de la Auditoría que advierte sobre la falta de control sobre el sistema tercerizado y privatizado de alimentación en las escuelas. En 2016, por ejemplo, otro informe advirtió sobre la falta de control en el servicio alimentario de los Comedores Escolares de la Ciudad (educación especial y general). Concretamente, se cuestionaba que las empresas eran las responsables de guardar muestras de comida para el control, en lugar de que el gobierno porteño ejerza un control propio. Y específicamente, la Auditoria porteña advirtió sobre los riesgos que esto representaba para los y las estudiantes. 

Además de advertir sobre lo inconveniente de este sistema de autocontrol de las empresas, el informe destacó que las empresas ni siquiera hacen esas muestras trimestrales de viandas y que el Ministerio de Educación no aplica ninguna penalidad por el incumplimiento. En otro informe de 2017, sobre las escuelas de educación especial, se indicó: “Se observa una demora en el trámite de las penalidades. Así, de 24 expedientes relevados, 14 de ellos (58,33 por ciento) estuvieron inactivos entre siete y ocho meses. Del total de ellos, en ningún caso hay acto administrativo con resolución y sólo cuatro concesionarios presentaron descargo”. 

En ese caso, también encontraron que un tercio de las escuelas tenían leche en polvo sin número de habilitación por las autoridades correspondientes.

Nada de lo que marcaron estos sucesivos informes fue tenido en cuenta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, este año los contratos se renovaron a las mismas empresas pese a los reclamos generales de cambiar la forma de alimentar a estudiantes. 

La presidenta de la Auditoría de CABA, Mariana Gagliardi, llamó la atención, además, sobre los recortes presupuestarios que sufre educación como área y en relación con el total del presupuesto del distrito: "En 2021 representó el porcentaje más bajo sobre el presupuesto total (0,99 por ciento), lo que generó un mayor déficit en materia edilicia y perjudicó las condiciones de cursada de estudiantes y docentes", advirtió la funcionaria.

Según los cálculos del equipo de Gagliardi, el recorte entre 2020 y 2021 del presupuesto para infraestructura escolar fue del 63 por ciento. Este año, con datos del primer semestre del 2022, se puede ver que el gobierno porteño ejecutó el 33 por ciento de los fondos disponibles para infraestructura escolar, un 17 por ciento por debajo de lo que marca la técnica presupuestaria.

Fuente: P/12