Desde el bloque de Legisladores y Legisladoras del Frente de Todos, exigimos el juicio político al Ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín,  del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia. 
También exigimos Juicio Político al Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento.  Los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín.
La cantidad de posibles delitos confesados, planeados y sugeridos en las conversaciones que dieron a conocer estos hechos y la activa participación en ellas de D’Alessandro y Mahiques desbordan las previsiones de los más escépticos. Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente “trucha”- de Vialidad contra la Vicepresidenta de la Nación, así como el Ministro Porteño responsable de vallar su casa. 
El rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la Ciudad de Buenos Aires como Fiscal General fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina. 
La connivencia de la Policía de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, con la persecución y el hostigamiento a la Vicepresidenta, ya había quedado expuesta en varias oportunidades: desde su participación como auxiliar de justicia en causas federales en la Provincia de Santa Cruz, hasta la inacción frente al acoso y las agresiones a la Vicepresidenta en su despacho del Congreso, sin detenciones por hechos tan graves como arrojar piedras y bombas molotov, como así tampoco por llevar bolsas mortuorias a la Casa Rosada.    
La impunidad con la que se manejó este entramado que compromete a funcionarios políticos y judiciales vinculados a Macri y Larreta devela que no se trata solo de negocios, sino de persecución, complicidad mediática con pautas millonarias  y espionaje ilegal, todo esto al servicio de un sistema de injusticia e inequidad que necesita presa a Cristina para perpetuarse. Repudiamos este manejo antidemocrático que busca desestabilizar, completamente inaceptable para una sociedad que recuperó el Estado de Derecho con un costo social enorme 

Bloque Frente de Todos Legislatura Porteña .