La vicepresidenta Cristina Kirchner recusó al juez Julián Ercolini, uno de los integrantes del vuelo del Lawfare, quien estaba a cargo de la causa en la que se investiga la persecución de la AFIP macrista contra la expresidenta y su familia. Es que desde la agencia de recaudación se diseñó  una táctica específica para intentar enjuiciar a CFK y también se interroga sobre la situación de Florencia Kirchner, para involucrarla en alguna denuncia. La causa había caído en para Ercolini, quien subroga el juzgado que ocupaba Bonadio, e interviene la fiscala Paloma Ochoa.

"He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos", anunció la vicepresidenta sobre la presentación que se realizará mañana martes. Y añadió, en su hilo de Twitter: "La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo".

"La recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom", completó la vicepresidenta.

Las pruebas de la persecución de la AFIP macrista
“Hablaré con la UIF, quiero trabajarlos directamente con la hipótesis de lavado para que no puedan zafar con blanqueo y moratoria… Flor K es contribuyente de quién?”. Este mail de 2016, emitido por Jaime Mecikovsky, exhibe la operatoria en la que no se investiga en función de inspecciones y acciones comunes a todos los contribuyentes, sino una estrategia apuntada a perseguir opositores, incluso con el objetivo de generarles problemas judiciales y que vayan a prisión. Los principales imputados son los extitulares de la AFIP durante el macrismo, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, junto con algunos exfuncionarios que jugaron un papel clave en la persecución, entre ellos Mecikovsky. Y la AFIP sólo fue uno de los instrumentos que se pusieron en marcha entre 2016 y 2019. 

Como se señala en el mail, Mecikovsky quería sumar la Unidad de Información Financiera (UIF) a la jugada, justamente para buscar una prisión preventiva. Ese organismo, como otros, presionaba por medidas judiciales constituyéndose en querellante las casos que le interesaban al gobierno.

Fuente: Página/12