La Cámara Federal porteña confirmó este jueves los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morel y otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, pero cambió la figura penal a "incitación a la violencia colectiva", en contra del planteo de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que señala desde hace meses que se trató de una "asociación ilícita".

Este jueves, el Tribunal de Apelaciones confirmó "parcialmente" los procesamientos dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a los cuatro integrantes de Revolución Federal y modificó la calificación legal a"coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva", cuya pena prevista va de los tres hasta los seis años de prisión. 

Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a "un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación". Los imputados, había señalado el magistrado, "realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes".

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en un fallo que fue firmado por los miembros de la sala I Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con disidencia de Mariano Llorens, cambiaron la figura penal al señalar que "Revolución Federal no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías".

"Sí entendemos que las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas", concluyeron Bruglia y Bertuzzi.

Revolución Federal
Los integrantes de Revolución Federal fueron detenidos en octubre del año pasado, en el marco de una causa que investiga amenazas de muerte contra CFK, Máximo Kirchner y Alberto Fernández. La exmandataria, quien sufrió un intento de asesinato el 1 de septiembre pasado, se presentó como querellante en la causa, ya que sus abogados tienen la hipótesis de que existe un vínculo entre esa organización y el intento de magnicidio perpetrado por Fernando Sabag Montiel.

Tras una denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que advertía que Revolución Federal podría estar involucrada en el atentado porque días antes había hecho un Twitter Space en el que su fundador, Jonathan Morel, describía una metodología similar a la que usó Sabag Montiel cuando intentó matar a CFK (infiltrarse entre la militancia y así atentar contra la vicepresidenta), el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que enviara el expediente sobre Revolución Federal a María Eugenia Capuchetti –a cargo de la causa del atentado-- para que lo investigara dentro de la trama del intento de homicidio. Sin embargo, ni la jueza Capuchetti ni el camarista Mariano Llorens estuvieron de acuerdo en unificar las pesquisas. 

En noviembre, la Cámara federal porteña ordenó la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ya que entendió que no había elementos para sostener que su libertad pudiera poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados. En diciembre, la querella pidió que los imputados fueran nuevamente detenidos pero el juez Martínez de Giorgi rechazó el planteo.

Fuente: Página/12