Piden que se prohíba la salida del país a directivos de Edesur

El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, solicitó este miércoles a la justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa de distribución eléctrica Edesur.

La presentación judicial, que amplia la denuncia penal presentada la semana pasada, pide la prohibición de salida del país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro.

La denuncia del Gobierno a la compañía de suministro eléctrico es por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas". Durante la ola de calor, más de 75 mil usuarios padecieron cortes de luz extendidos en el tiempo y por eso se acusó a Edesur por ser la única empresa de servicios con esa cifra de cortes.

En las últimas horas, luego del anuncio del ministro de Economía Sergio Massa, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió el martes como interventor administrativo de Edesur por un plazo de 180 días. El objetivo es encabezar el proceso de fiscalización y control de la empresa luego de que no brindara el servicio a miles de usuarios durante los días de calor extremo que atravesaron al AMBA.

"Consideramos que la tarea prioritaria es establecer un diagnóstico preciso del estado de situación en cada barrio. Muchos vecinos y vecinas aún continúan con su servicio interrumpido. Vamos a trabajar entendiendo que la energía es un derecho para todos y todas", escribió Ferraresi en su cuenta oficial de Twitter durante la tarde de hoy. Luego "trabajar rápidamente", buscarán "implementar un plan de abordaje para beneficio de la gente" de cara a los días siguientes.

Desde el Gobierno, a su vez, resaltan que se trata de una medida "de carácter transitorio y excepcional" siendo ésta "el resultado de las deficitarias acciones de Edesur en cuanto al cumplimiento del servicio". No afectará ni la propiedad de los accionistas ni el contrato de concesión: sí, en cambio, servirá para que el Estado lleve adelante la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato.

 Fuente: El Destape