Ramos Mejía: el macrismo vuelve a hacer campaña con una tragedia

La dirigencia opositora intentó ligar el crimen del kioskero con el kirchnerismo y denunciar un aumento de la criminalidad. Ninguna de las dos cosas son ciertas.

Actualidad 09 de noviembre de 2021

A Leandro Daniel Suárez, detenido por el asesinato del kioskero Roberto Sabo, en La Matanza, y con antecedentes carcelarios por robo, no lo soltó el kirchnerismo, como la oposición buscó instalar en la conversación pública durante el día de ayer, sino que fue una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal número 8 de la ciudad de Buenos Aires, después de que cumpliera una condena de seis años por robo. 

Suárez tiene 30 años, no 16, pero ese dato fácilmente contrastable no privó a Horacio Rodríguez Larreta de pedir la punibilidad de adolescentes. “Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible. No puede ser que no sea punible”, expresó el jefe de Gobierno. Es difícil que ignore que la ley argentina ya prevé un sistema penal para jóvenes de esa edad, por lo que debemos asumir que está haciendo campaña.

La utilización política de una tragedia es un recurso del que el macrismo ha sacado provecho en época electoral. Nisman, Once, Cromañón y el triple crimen de General Rodríguez fueron utilizados en campaña por candidatos amarillos y medios opositores, en general con buen resultado, antes de que el avance de investigaciones judiciales terminara por indicar que la realidad era muy distinta a la que denunciaban.

El mecanismo ha vuelto a ponerse en marcha tras el brutal asesinato enRamos Mejía, a pocos días de las elecciones. Toda la maquinaria comunicacional de la derecha, a fuerza de indignación impostada, cobertura amarillista y fake news logró transformar ese crimen lamentable, pero de características ordinarias, en un hecho político, con evidente intencionalidad proselitista. Nada nuevo bajo el sol.

Lo realmente problemático de analizar un problema tan serio bajo una óptica electoralista de corto plazo es que eso lleva a hacer diagnósticos equivocados en base a datos incorrectos (o, en muchos casos, a la absoluta ausencia de datos) y tomar decisiones erróneas que lejos están de dar solución a las preocupaciones genuinas de la sociedad, que sufre la delincuencia mucho más de cerca que los dirigentes.

Al punitivismo sin asidero con la realidad que propone la derecha no se le puede oponer la mirada tradicional del progresismo, que termina regalándole una agenda sensible a quienes peor podrían resolverla. Urge que el oficialismo adopte una estrategia comunicacional comprometida, que no caiga en el gatopardismo con experiencias anteriores ni en un voluntarismo sin llegada a las víctimas.

Para dar esa discusión, lo primero que es necesario es conocer, a través de estadísticas fiables, cuál es el verdadero cuadro de situación. Todos los datos pintan un escenario diferente al que denuncian medios y dirigentes opositores. Desde hace muchos años, la Argentina está entre los países menos violentos de América Latina. Y la tendencia reciente no muestra un aumento significativo de la criminalidad.

Según los últimos datos del Banco Mundial, que son para el año 2018, la Argentina tuvo una tasa de homicidios intencionales, que se mide cada 100 mil habitantes, de 5,32. De sus vecinos, sólo Chile tiene una incidencia menor (4,4), mientras que Paraguay (7,7), Uruguay (12,06) y Brasil (27,38) lo superan largamente, por no hablar de Colombia (25,34), Venezuela (36,68) o México (29,07).

Otro estudio, de la ONG norteamericana Insight Crime, cuenta con información más reciente, que permite medir las trayectorias en los últimos años. En el caso de la Argentina, presenta para el primer semestre de 2020 una tasa anualizada de 4,6 cada 100 mil, lo cual implica un descenso considerable en sólo dos años, aunque es posible que las restricciones a la movilidad por la pandemia impactaran en esa variación.

Las estadísticas que mantiene el ministerio de Seguridad de la provincia muestran, también, una baja en las cifras de homicidios entre los primeros nueve meses de 2020 y los de 2021 para el conurbano bonaerense, aún cuando la vida este año fue mucho más parecida a la normalidad. Entre enero y septiembre pasados se denunciaron 572 casos contra 508 en el año corriente.

Ninguno de esos datos por sí solo significa que la seguridad no sea uno de las principales preocupaciones de los argentinos ni que signifique, para el gobierno, un nudo político que no alcanza a solucionar. Si no se desarman los mecanismos comunicacionales de la oposición y se exhibe la deshonestidad intelectual sistemática de sus dirigentes, el peronismo seguirá explicando problemas una vez que sucedieron.

Fuente: Nico Lantos para El Destape

 

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